La Cámara Baja y el Senado aprobaron versiones de leyes absolutamente diferentes, HR10 la Cámara y el Senado la S2845, sobre reformas de inteligencia en Estados Unidos, y un Comité de Conferencias de ambas cámaras trabaja para reconciliar el paquete legislativo.

“América ha servido como un faro de libertad para aquellos que viven en regímenes opresivos, pero la ley [HR10] de la Cámara de Representantes bajaría esa luz”, aseguró Jorge Mas, presidente de CANF.

“Estados Unidos ha tenido una tradición de orgullo en ayudar a aquellos que huyen de la tortura y tiranía en su búsqueda de libertad’’, enfatizó Mas. “ El Congreso debe remover las medidas que socavan nuestro compromiso de libertad”.

La Casa Blanca pidió a los negociadores de ambas cámaras que tomen partes de cada ley, pero que no incluyan en el paquete legislativo final el lenguaje sobre deportaciones rápidas.

Tampoco desea que haya provisiones relacionadas al derecho de amparo y el asunto de inmigrantes que buscan asilo político que atenten contra la Convención Internacional contra la Tortura.

“No sabemos si realmente hay una presión de oposición por parte de la Casa Blanca para que el liderazgo de la Cámara de Representantes deseche esas medidas antiinmigrantes”, reaccionó Mariana Bustamante, coordinadora de Educación del Proyecto de Derecho de los Inmigrantes de la ACLU. “Ignoramos si esa presión es verdadera, o si la Casa Blanca se trata de lavar las manos”.

La especulación sobre la versión final de una ley indica que sería probable para esta semana, porque el presidente George W. Bush pretende firmarla antes de los comicios del 2 de noviembre.

“Hay quienes dicen que el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes está tratando de llevar estas propuestas hasta las últimas consecuencias y forzar al Partido Demócrata a no votar y dejarlos mal parados políticamente’’, indicó Bustamante. “También están quienes creen que esto no sucederá antes de las elecciones’’.

La Comisión 9/11, entre otras salvaguardias, pidió estándares nacionales para la otorgación de licencias de conducir y formas de identificación, y amplió el uso de identificaciones biométricas para investigar a viajeros en puertos y fronteras.

“Están hablando de un carnet de identificación nacional, que crearía una distinción entre ciudadanos y no ciudadanos”, agregó Bustamante. “Sería algo a lo que ACLU siempre ha estado opuesta, que es un sistema de Apartheid contra quienes carezcan del carnet”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes prefieren la versión de los negociadores del Senado. Esta versión no incluye sugerencias de congresistas republicanos para restringir la seguridad fronteriza y otorgarle poderes a la policía para luchar contra la inmigración ilegal y el robo de identidad en adición al combate al terrorismo.

Las reuniones entre ayudantes de legisladores han sido poco fructíferas, reconoció el congresista Peter Hoekstra, titular del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja y encargado de las negociaciones.

La Casa Blanca y las familias de las víctimas de los atentados del 9/11 han apelado a una solución de compromiso, aunque defensores de los derechos civiles exigen la remoción de todas las medidas que atenten contra los inmigrantes.

“Las preocupaciones sobre estas provisiones antiinmigrantes no son liberales ni conservadoras”, dijo Laura W. Murphy, directora legislativa de la oficina de la ACLU, en Washington. “En este año de elección presidencial, los inmigrantes han sido el blanco de ataques “para lograr puntos políticos baratos’’.

“Si el Congreso habla en serio de las reformas de inteligencia, debe rechazar este asalto injustificable contra los inmigrantes”, indicó Murphy.

La comisión bipartita instó al Congreso a nombrar a un director nacional de la inteligencia para supervisar 15 diferentes servicios de inteligencia. La esperanza es lograr un avance que prevendría ataques similares a los ocurridos hace tres años en las ciudades de Nueva York y Washington.

“No nos debe detener la creencia bien intencionada de que estas ideas en la Cámara [de Representantes] son demasiado polémicas”, dijo el congresista republicano de Wisconsin, James Sensenbrenner, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Sensenbrenner (republicano de Wisconsin) y Hoekstra (republicano de Michigan), planean encontrar respaldo entre quienes apoyan la versión del Senado, los senadores Susan Collins, republicana de Maine y Joe Lieberman, demócrata de Connecticut, además de Jane Harman, la congresista demócrata de California de más alto rango en ese comité.

Hoekstra no se comprometió a tener lista la legislación antes de las elecciones del próximo 2 de noviembre, como lo pidieron los partidarios de las familias de las víctimas y la misma Comisión 9/11.

Sin embargo, dijo a los legisladores que se preparen para la posibilidad de debatir diariamente, así como en los fines de semana y a que estén pendientes del reloj por si son llamados a reuniones de 24 horas.

Medidas incluidas en HR10

• Una amplia expansión de las deportaciones rápidas

• Dificultades para la elegibilidad a asilo político

• Prohibición de aceptar matrículas consulares como identificación

• Restricciones en la emisión de licencias de conducir para personas no ciudadanas, basados en sus estatus migratorios

• Eliminación de órdenes judiciales sobre revisión de un tribunal, respecto a una variedad de órdenes administrativas

• Nuevas provisiones obligatorias sobre detenciones

• Eliminación de postergaciones de deportaciones pendientes de revisión judicial

• Autorización para deportar allí donde no haya un gobierno en funcionamiento (ejemplo: Somalia)

• Culpabilidad de asociación como base suficiente para la deportación

• Prohibición de revisión de ciertas órdenes de deportación

• Revocación de una visa sin ninguna revisión administrativa o judicial

• Limitaría severamente el poder de los tribunales para revisar procesos de detención y deportación, incluyendo reclamos de que un detenido será torturado si regresa a cierto país; remoción de no ciudadanos a países que no los aceptarán, o a naciones con las cuales la persona no tiene o no ha tenido la más mínima conexión.