La oposición no violenta en Cuba está atravesando
actualmente por un período particularmente difícil. Los opositores están
bajo una presión constante, son vigilados continuamente, o encarcelados por
muchos años. Estas son las personas que están preparando la inevitable
transición a una sociedad democrática, y son los que tienen necesidad
imperiosa del apoyo europeo.
Desde que los Países Bajos asumieron la presidencia de la Unión Europea,
un gesto de solidaridad sería más que bienvenido, sobre todo ahora que el
Gobierno español, después de ser chantajeado por Cuba, tiende a abreviar
el contacto con los disidentes. "Dar la bienvenida a los miembros
de la oposición en nuestras embajadas ha llevado a la congelación de
relaciones con el Gobierno cubano, y eso ha tenido un efecto
contraproducente", es la conclusión del Gobierno de Zapatero.
El régimen
de La Habana impidió a la delegación hispano-holandesa acceder a la
Isla
Para confirmar a los disidentes el apoyo continuado en el extranjero, la
fundación holandesa Cuba Futuro concertó que una comisión parlamentaria
hispano-holandesa viajase a la Isla. Pero el plan no se consumó, ya que, al
arribar al aeropuerto de La Habana, los cinco miembros de la comisión
fueron, por
la fuerza e implacablemente, obligados
a retornar a sus aviones –una experiencia que compartimos con otros
que nos han precedido–. ¿Cuál fue la razón? Que nosotros habíamos ido
como turistas para "involucrarnos en política", en lugar de
quedarnos en nuestra playa del hotel.
El programa de tres días de esta comisión había sido organizado junto con
Oswaldo
Payá, un hombre que ha vencido al miedo. Oswaldo es el líder del
Proyecto Varela, la protesta civil más extensa contra el régimen en unos
40 años. En 2002 se le otorgó el premio Sajarov del Parlamento
Europeo, lo que también significó un considerable apoyo internacional para
su movimiento.
El objetivo principal del Proyecto Varela es la introducción de reformas
democráticas a través de un referéndum que propondría elecciones libres,
un sistema multipartidista, libertad de prensa, sindicatos libres, el
derecho a fundar organizaciones independientes y empresas, etcétera.
Pero, en primer lugar, las reformas exigían la liberación
de todos los presos políticos. Después de años de recolectar peticiones a
lo largo del país en circunstancias sumamente difíciles, fue finalmente
posible, en 2002, presentar al Gobierno más de las 10.000 firmas requeridas
por la Constitución. Lo cual es un logro considerable, considerado las
amenazas y sanciones que se habían ejercido sobre muchos simpatizantes del
Proyecto Varela.
La respuesta de Fidel Castro no se hizo esperar: declaró que las firmas
eran ilegales y organizó un "contra-referéndum", con el que se
proclamó en la Constitución que el socialismo sería, siempre y para todos
los tiempos, la forma cubana de gobierno.
No obstante, el Proyecto Varela se ha retomado. Payá ha acumulado hasta
ahora unas 25.000 firmas, lo que fue razón suficiente para que Castro
endureciese su línea: el año pasado 75 disidentes pacíficos, incluyendo
periodistas independientes y miembros del sindicalismo libre, fueron
arrestados y encarcelados por décadas, luego de juicios amañados.
Además de encontrarse con los disidentes, el programa de
la comisión parlamentaria comprendía un acto de recordación pública. El
plan era esparcir flores en el mar, en la zona del malecón de La Habana,
para conmemorar que hace exactamente diez años cuatro
barcos del Gobierno cubano atacaron un viejo transbordador secuestrado
con 72 refugiados a bordo. Cuarenta y una personas fueron asesinadas, y los
refugiados restantes fueron detenidos temporalmente. Bajo la amenaza de
encarcelamiento, la mayoría de ellos ha guardado silencio acerca de lo
ocurrido. Los cuerpos nunca se
devolvieron a las familias, y a la Iglesia no le fue permitido celebrar
misas de réquiem por las víctimas.
La Organización de Estados Americanos, la ONU y Amnistía Internacional
exigieron una investigación independiente, que las autoridades cubanas
acordaron llevar a cabo. La promesa nunca fue cumplida.
¿Es ético hacer
negocios con regímenes represivos y totalitarios como el de Cuba?
Los barcos usados para atacar a los refugiados habían
sido proporcionados por una compañía de los Países Bajos que ha estado
haciendo negocios con el régimen cubano desde mediados de los 80; no
raramente, sirviéndose de los subsidios a la exportación que se otorgan a
compañías holandesas en el campo de la cooperación para el desarrollo
internacional. Esto nos lleva directamente a preguntarnos si es ético hacer
negocios con regímenes represivos y totalitarios como el de Cuba.
La semana pasada la Unión Europea decidió imponer sanciones a Birmania, un
país con un régimen militar represivo similar al de Cuba. Se decidió que
ya no debe permitirse a las compañías europeas hacer negocios con empresas
del Estado birmano durante por lo menos un año, y que a los antiguos
militares representantes del régimen se les debe denegar las visas
para acceder a la Unión Europea. Éste es un trato
particularmente áspero para la compañía de dragado IHC Caland, que dejará
de percibir por ello una ganancia de más de 200 millones de euros. Pero, ¿no
debería haberlo sabido bien esta compañía?
Los negocios europeos, y no en menor parte los negocios holandeses, son
esenciales para la existencia continuada del régimen en Cuba. Pero los
empresarios no están interesados; su lema es: el negocio es el negocio, y
nosotros no nos involucramos en política.
Este punto de vista lo expresa especialmente uno de los más grandes
partidarios de Castro en Europa Occidental: Willem van't Wout, de Fondel
Finance, en Rotterdam. Él tiene los derechos de exportación exclusivos
sobre el níquel –Cuba es el quinto productor mundial–, y también
interviene en los sectores del cobre y el cromo. Estos minerales se venden
en países como Azerbaiyán y Ucrania.
ING y Astilleros Damen (esta última es la compañía que vendió los
modernos barcos que atacaron en 1994 a los refugiados en el transbordador, y
responsable, también, por sus muertes) han sido compañeros comerciales del
régimen militar durante años. Martinair vuela diariamente a Cuba, y
recientemente trece operadores turísticos holandeses deliberaron
conjuntamente en La Habana sobre cómo extender su negocio en la Isla. El
turismo (sexual) es actualmente la fuente más grande de ingresos para el
Estado, pero para la mayoría de los cubanos significa prostitución y un
humillante sistema de apartheid.
En lugar de combinar su considerable influencia financiera para conseguir que
el régimen respete las regulaciones internacionales y las leyes laborales,
los inversores extranjeros aceptan las condiciones impuestas por el régimen
para evitar ser echados del país.
Es el momento justo para que la Unión Europea tome una posición
incondicional por la Cuba del mañana y apoye a los disidentes cubanos, que
durante mucho tiempo han tenido que vivir en un aislamiento profundo. Por eso
la Unión Europea no debe limitarse a condenar las violaciones de los Derechos
Humanos en Cuba, sino que debería comenzar a considerar la aplicación de
sanciones similares a las que ha impuesto recientemente a Birmania.
LIDUINE
ZUMPOLLE